La letra grande, la letra pequeña

Tres años después de la quiebra de Lehman Brothers, con la economía española estancada y sin visos de recuperación, con más de cuatro millones de parados en la calle, PSOE y PP por fin se han puesto de acuerdo…para aprobar, hoy en el Congreso (316 votos a favor, 5 en contra), la inclusión en la Constitución de un límite al déficit y al endeudamiento. La política de altura puede requerir, supongo, algunas pequeñas maniobras. Pero el pacto entre un partido que ha defendido -¿con razón?- el endeudamiento como garantía de los derechos sociales con otro que ha abrazado -¿como dogma de fe?- la sagrada inmovilidad de la Carta Magna suena a exagerada maniobra para una política de cabotaje.

Con todo, PSOE y PP no se han quedado solos este viernes en el surrealismo. BNG, NaBai y ERC se ausentaron de la votación (¿no era mejor oponerse?), CiU y PNV prefirieron no pronunciarse (¿la abstención no les convencía?), Gaspar Llamazares, de IU, dijo que “su espíritu” salía, pero dejó “su cuerpo” en el hemiciclo para impedir la abstención de CIU, y hasta el presidente de la Cámara Baja, José Bono, recordó en público que, previa consulta con la RAE, había retocado un párrafo por razones gramaticales. Cuando sus señorías se ponen sutiles…

Reformar la Constitución –o los Estatutos- puede ser tan bueno o tan malo como no hacerlo. Lo llamativo es que desde 2004 Zapatero no ha sabido atraer al PP a un consenso para reformular en la ley de leyes cuatro puntos que consideraba imprescindibles: la igualdad del hombre y de la mujer en la sucesión al trono, la reforma del Senado, la inclusión del nombre de las Comunidades Autónomas y la mención a la Constitución Europea. La reacción frontal de Rajoy a las cuestionables  reformas estatutarias a la carta impulsadas desde la Moncloa aconsejó al presidente del gobierno evitar cualquier debate sobre asuntos como el valor de la Carta Magna y el ejercicio de la soberanía nacional, muy sensibles en términos de opinión pública.

Hace apenas diez días, con precipitación y -guiño a Bono- agostidad, Zapateró lanzó por sorpresa y Rajoy aceptó sin demora una reforma constitucional con el Congreso a punto de caducar, con las elecciones ya convocadas y, dadas las prisas, sin referéndum. Una táctica legal (art. 167) , pero poco estética, llamada a abrir la ancha brecha entre los políticos y los ciudadanos. No se entiende una reforma supuestamente tan importante  por la puerta pequeña, no se comprende la apelación a la urgencia por parte de quienes en tres años no forjaron un pacto de Estado contra la crisis y el estancamiento económicos.

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Al presidente se le podrá reprochar torpeza, pero no falta de patriotismo. De adalid del idealismo se ha transformado en profeta de la realpolitik. Si el tijeretazo de mayo de 2010 sentenció su carrera política, con esta reforma perjudica las aspiraciones del candidato socialista, Alfredo P. Rubalcaba. Frente a su programa de izquierdas, este pacto al ritmo del BCE, de los gobiernos conservadores de Francia y Alemania, y de las agencias de calificación le recuerda que la realidad pinta de derechas, que las cifras deciden, que en la Bruselas del euro siempre mandan más los mercados que los ciudadanos. ¿La Europa social es posible? Sí, pero no probable, por ahora. Ojalá más adelante.   

Entramos en la cuestión de fondo. El control del déficit (hasta el 0,4% del PIB) y del endeudamiento (con referencia a parámetros comunitarios) parece, por principio, deseable para cualquier administración. ¿Su mención en el artículo 135, en la letra grande y dorada de la Constitución, aun con matices y a años vista, aunque deba ser precisada en ley orgánica, evitará un rescate? Ni lo sabemos ni nos queda fe para creerlo. Implicará, seguro, una contención del gasto público a medio plazo. Y llegamos por fin a la letra pequeña: ¿quién sufrirá esos recortes? Imposible precisarlo en este momento. Así que me remito a la Carta Magna. Artículo 35: “Todos los españoles tienen el deber de trabajar y el derecho al trabajo…”. Artículo 47:  “Todos los españoles tienen derecho a disfrutar de una vivienda digna y adecuada. (…) La comunidad participará en las plusvalías que genere la acción urbanística de los entes públicos.” Y comprendo que muchos ciudadanos tienen derecho a pensar que, en nombre del bien común, la letra pequeña siempre juega contra ellos.