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Más que el impuesto en sí, me llama la atención la justificación argumental de las políticas fiscales. Hace años, Zapatero quiso sumarse a la corriente conservadora favorable a devolver el dinero a los ciudadanos para estimular la actividad económica. Aseguró entonces que bajar impuestos era “de izquierdas” , ignorando el auténtico estandarte de la izquierda: las necesidades y la financiación del Estado del Bienestar. Una conquista de las sociedades europeas, emblema también de nuestra democracia. Porque, por ejemplo, la enseñanza y la sanidad públicas salen de nuestros impuestos.
En estos días tristes de tijeretazos salariales, laborales y asistenciales para la mayoría de los trabajadores, no parece excesivo pedir un esfuerzo a los patrimonios más altos. Sin demonizarlos ni caricaturizarlos, simplemente por justicia social. Algunos aseguran que los 1.080 millones de euros anuales de recaudación estimada para 2011 y 2012 no compensan el esfuerzo. Por buscar una comparación, el recorte en profesores interinos que plantea Esperanza Aguirre para la Comunidad de Madrid no supondrá un ahorro mayor de 80. Otros consideran que las grandes fortunas, refugiadas en las SICAV (sociedades de inversión que tributan el 1% de sus beneficios), escaparán al impuesto resucitado. Deberían ser el siguiente objetivo.
Pero resulta sorprendente el momento para adoptar esta iniciativa, por beneficiosa que pueda ser. De nuevo un gobierno amortizado se lanza a la hiperactividad terminal. Si hace dos semanas Rubalcaba tuvo que aceptar, incluso defender ante los diputados socialistas, el pacto de Zapatero con el PP para incluir en la Constitución un futuro límite al déficit, ahora es el ejecutivo el que va a rueda de sus propuestas electorales, recogiendo un propósito reiterado desde la presentación de su candidatura y que en su programa se asocia a la creación de empleo juvenil. Para añadir provisionalidad, el impuesto se aprueba sólo para 2011 y 2012, a la espera de las decisiones que sobre su futuro adopte el próximo presidente del gobierno.
No es extraño, por tanto, que el PP intuya en esta medida oportunismo contra “los ricos” en tiempos de precampaña electoral. Además de criticarla, Mariano Rajoy, en un hábil movimiento comunicativo, ha prometido reducir la tributación de los beneficios reinvertidos. Lo que no ha especificado –ni especificará- el candidato del PP es si mantendrá, modificará o eliminará el Impuesto sobre el Patrimonio si llega al poder. Tampoco ha querido afear la conducta de los presidentes autonómicos de su partido que, ignorando los agujeros contables, despreciando la lealtad institucional, amagan con no recaudarlo. La confusión no acaba ahí, porque en el propio ejecutivo ha habido afirmaciones y rectificaciones sobre la posibilidad de que las comunidades cobren al mismo tiempo este tributo y la compensación establecida cuando fue suprimido.
Con la segunda legislatura de Zapatero en su recta final, las reformas fiscales del PSOE desprenden un aroma a improvisación. Entre otros hitos, en los últimos años se ha reducido el tipo máximo del IRPF (del 45% al 43%), se ha rebajado el Impuesto de Sociedades (el tipo normal, del 35% al 30%), se ha eliminado (y ya recuperado) el Impuesto sobre el Patrimonio, y por el contrario han acabado incrementándose algunos impuestos al consumo, menos progresivos, como el IVA y los que gravan el alcohol y el tabaco. Paralelamente, se ha alterado la cesta fiscal cedida a las Comunidades. ¿De verdad algún dirigente se ha detenido un rato a repensar en conjunto el sistema tributario español? Estoy a favor de pagar impuestos, absolutamente a favor de que pague más quien más tiene, pero en desacuerdo con las reformas sin rumbo definido. Aunque, como en este caso, me parezcan justificadas.
Gráfico de Wikimedia Commons |
Con la segunda legislatura de Zapatero en su recta final, las reformas fiscales del PSOE desprenden un aroma a improvisación. Entre otros hitos, en los últimos años se ha reducido el tipo máximo del IRPF (del 45% al 43%), se ha rebajado el Impuesto de Sociedades (el tipo normal, del 35% al 30%), se ha eliminado (y ya recuperado) el Impuesto sobre el Patrimonio, y por el contrario han acabado incrementándose algunos impuestos al consumo, menos progresivos, como el IVA y los que gravan el alcohol y el tabaco. Paralelamente, se ha alterado la cesta fiscal cedida a las Comunidades. ¿De verdad algún dirigente se ha detenido un rato a repensar en conjunto el sistema tributario español? Estoy a favor de pagar impuestos, absolutamente a favor de que pague más quien más tiene, pero en desacuerdo con las reformas sin rumbo definido. Aunque, como en este caso, me parezcan justificadas.
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