Bildu, por imperativo legal

La sede del Tribunal Constitucional

¿Quien comparte objetivos políticos con un terrorista es necesariamente un terrorista? ¿Y si, más allá de la coincidencia ideológica, no le presta apoyo de ningún tipo?  En este razonamiento, quizá sofista, sin duda garantista, se basa la reciente sentencia del Tribunal Constitucional, que con cinco votos particulares, revoca otra anterior del Supremo y autoriza finalmente la presencia de Bildu en las pasadas elecciones del 22-M. El planteamiento puede ser discutible pero parece correcto: nadie ha cuestionado en los últimos años la legalidad de Aralar, una formación independentista vasca que se escindió de Batasuna y se distanció de los asesinatos etarras. En principio, no parece que el problema esté en las ideas. Ser separatista no es en sí mismo un delito. Aunque no nos guste.    

Las listas de la coalición Bildu se componen de miembros de EA, de una escisión de EB/IU y de candidatos teóricamente independientes encuadrados en la llamada izquierda abertzale. El Supremo entendió inicialmente que era un proyecto al servicio de ETA-Batasuna y las anuló. El Tribunal Constitucional sentenció en última instancia  que, pese a indicios apuntados en algunos informes policiales, la relación de esos independientes con ETA-Batasuna no puede darse por probada. Establecido desde hace años que Batasuna es ETA, y por tanto, ilegal, ¿el conjunto de la izquierda abertzale es ETA? No por las ideas. Así que Bildu no será ilegal hasta que cometa algún delito o se demuestre que está al servicio de la banda terrorista. Y en este punto nos encontramos.

No creo que el Tribunal Constitucional sea un ejemplo de independencia en cuanto al modo de elección de sus integrantes. Pero tampoco considero que sean menos  independientes los magistrados que, en la línea progresista, han dado luz verde a la concurrencia de Bildu a los comicios que otros que, en la sintonía conservadora, se han opuesto a él. O que los magistrados del Tribunal Constitucional sucumban a las presiones políticas y los del Tribunal Supremo encarnen, qué casualidad, la justicia en estado puro.



Martin Garitano

 El problema de fondo no son las ideas, ni siquiera las sentencias, sino las personas. Y en concreto, las personas asesinadas, heridas, secuestradas, amenazadas, extorsionadas, expulsadas de Euskadi por la imposición de una causa política. Después de tantos años de crímenes, resulta imposible lo conveniente: someter la presencia de Bildu en las instituciones a un debate estrictamente jurídico. El pasado es tan sangriento que atraviesa el presente y se proyecta hacia el futuro. ¿Es delito pedir una negociación entre el Gobierno y ETA, como hizo ayer Martin Garitano al ser investido Diputado General de Guipúzcoa?¿Y mostrar apoyo genérico a Otegi o a las formaciones ilegalizadas? ¿Y retirar el retrato del Rey, como ha hecho hoy el alcalde de San Sebastián? Es dudoso, habrá que analizarlo, pero al menos resulta sintomático en términos políticos.

Y aquí, en  la encrucijada entre la política y el futuro, hemos acabado de enredarnos. La decisión política de Aznar de sacar a Batasuna de las instituciones dio lugar al debilitamiento externo de los asesinos. La decisión política de Zapatero de negociar con ETA dio lugar a su debilitamiento interno. Los dos optaron además, con éxito, por la presión policial. Hoy, mientras Bildu acumula poder institucional en Guipúzcoa, la banda terrorista se encuentra acorralada. Y aunque ambos datos apunten, por mera conveniencia, a un escenario sin atentados, en Euskadi los no nacionalistas temen –con razón- que este peligroso camino les devuelva al infierno. Desde fuera, da la impresión de que el Gobierno y el PNV apostaban por el regreso gradual de la izquierda abertzale a las instituciones pero confiaban erróneamente en acuerdos posteriores para limitar su influencia. El tiempo dictará si esta táctica consolida o debilita la estrategia antiterrorista. ¿La Oportunidad u otra oportunidad perdida? Los gestos de Bildu, por desgracia, recuerdan todavía al pasado.  

En esta inquietante espera, sólo cabe responder con la fórmula que siempre ha funcionado: mayor control sobre Bildu, mayor presión sobre los asesinos. Para que no haya marcha atrás. Para avanzar sin trampas. El final de la violencia política en Euskadi será, si se produce, un gran avance; pero la única victoria democrática posible es la desaparición de la coacción social, el reconocimiento de las víctimas. ¿Quien comparte objetivos políticos con un terrorista es necesariamente un terrorista?  No lo creo. Pero el que deja de matar por conveniencia tampoco es un demócrata. Si Bildu es jurídicamente aceptable, mientras no avance políticamente hacia el final de ETA sólo podremos aceptarla por imperativo legal.