viernes, 22 de junio de 2012

De la independencia al reparto

Carlos Dívar ya es libre para viajar a Marbella, solo o escoltado, todos los fines de semana si así le place. Y nos parece estupendo, siempre y cuando no tengamos que pagar los gastos. La opacidad de las actividades que debían justificar sus facturas ha acabado costándole la presidencia del CGPJ y del Tribunal Supremo. No cometió delito, no estaba obligado a la fiscalización de sus cuentas, pero arrastró el listón ético que debe marcar el máximo representante del poder judicial. Suspendió en ciudadanía, esa asignatura tan denostada… ¿Estaba preparado para el cargo?

La salida de Dívar ha dejado en evidencia otro disparate. Será sustituido  al frente de CGPJ por Fernando de Rosa, ex consejero de Justicia del ejecutivo de la Comunidad Valenciana que encabezó su amigo Francisco Camps. Sí, el de los trajes de factura a medida e imposible justificación. En rigor, la relación entre ambos no parece suficiente para descalificar a Fernando de Rosa. Pero la cuestión de fondo es distinta. ¿Qué hace en la dirección de la judicatura un antiguo cargo político de un gobierno autonómico? Dos décadas han pasado desde que Garzón planteó un temible dilema democrático con su viaje de ida y vuelta desde la Audiencia a la sede del PSOE . Dos décadas sin soluciones satisfactorias y con muchas cuentas pendientes que salen a flote con intereses y sin miramientos.

Dívar, conservador, y De la Rosa, conservador, han ocupado la cúspide de la carrera judicial gracias al muy progresista Zapatero que, sin ser sectario, evitó atacar el problema de fondo: la sonrojante convicción de nuestros políticos de que el buen gobierno de las instituciones independientes descansa sobre el reparto más o menos pactado de sillones. Y eso, que difícilmente fomenta la neutralidad, en absoluto garantiza la competencia profesional. ¿Dirigentes capaces? Mejor sumisos.

Este mismo jueves, Esperanza Aguirre ha planteado la desaparición del Tribunal Constitucional como respuesta a su fallo favorable a la legalización de Sortu. Aposentada, como tantas veces, en el populismo, ha justificado su petición argumentando que se trata de un tribunal “político”. Claro. Como tantos otros organismos públicos, encabezados por Telemadrid. Como las cajas de ahorros... Instituciones repartidas por cuotas, con sillones preasignados por colores, dirigidas desde unos partidos que han acordado convertir la galaxia institucional en  alineaciones de satélites.  
Esa es la intención que ninguna formación oculta cuando aborda, por ejemplo, la siempre delicada elección del presidente de RTVE . Y del responsable de informativos y hasta de los presentadores… Aceptar sin reservas que el relevo democrático en el poder implica la necesaria remoción de todas las caras visibles de la etapa anterior supone un absoluto sinsentido que desprecia la inteligencia de los espectadores y deprecia, en tiempos de privatizaciones, el valor de los medios que pagamos todos.

En eso, al menos, el muy progresista Zapatero trató de jugar limpio. Acordó presidentes, eliminó intromisiones, saneó las cuentas… antes de reducir torpemente las vías de financiación del ente público. Donde él intentó independencia, Rajoy ha impuesto alternancia. En unos días Leopoldo González Echenique se convertirá, avalado por la mayoría absoluta del PP, en máximo dirigente de la corporación pública. Y  puesto que su nombramiento ni siquiera será pactado, esperemos que al menos demuestre capacidad en la gestión.   

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