La Justicia, a prueba

El 13 de enero la Audiencia Provincial de Sevilla condenó a 20 años de cárcel a Miguel Carcaño por el asesinato de Marta del Castillo. Además de exculparle del delito de violación, la sentencia absolvió a otros tres acusados de haber colaborado en la desaparición del cuerpo de la joven. Otro imputado más, conocido como El Cuco, menor de edad cuando se cometió el crimen, ya había sido condenado anteriormente a casi tres años de reclusión por encubrimiento. 

La sentencia asumía un hecho sin duda indignante. Que después de numerosas mentiras y contradicciones de los acusados, después de inútiles y gravosas búsquedas, aún no se ha recobrado el cadáver de la víctima. Al mismo tiempo, y debido a lo anterior, certificaba la falta de indicios probatorios suficientes para sostener contra ellos el delito de encubrimiento.

La reacción instantánea en las redes sociales y la respuesta ciudadana en la calle contribuyeron a consolidar la sensación, exagerada, de que el asesinato de Marta del Castillo había quedado impune. En la construcción de ese escurridizo consenso social que llamamos opinión pública, había un delito evidente (la ocultación del cuerpo sin vida), una condena anterior (a El Cuco) por ese hecho, el convencimiento judicial de que había participado “un tercero desconocido” y unos imputados que no habían colaborado con la Justicia. ¿Estaba claro? No para los magistrados.

El 25 de enero, un jurado popular  integrado por nueve personas absolvió en el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana al expresidente de la Generalitat , Francisco Camps, y al diputado autonómico del PP, Ricardo Costa, de cohecho pasivo impropio, o lo que es lo mismo, de recibir prebendas en función de su cargo sin que mediara a cambio trato de favor. Curiosamente, otros dos acusados, los ex consejeros Campos y Betoret, habían aceptado la condena meses antes por el mismo caso, que obligó entonces a Camps a renunciar a la presidencia de la comunidad.

El veredicto de no culpabilidad fue acogido con sorpresa por ese concepto etéreo que calificamos como “opinión pública”, y que había escuchado no sin rubor las confidencias telefónicas entre Camps, Costa y Álvaro Pérez “el bigotes”, cabecilla de la trama Gürtel en la comunidad levantina. Durante la vista, ninguno de los dos políticos mostró pruebas de haber abonado  sus prendas, pero las aportadas en sentido contrario por la Fiscalía y la acusacion particular tampoco sirvieron para convencer a la mayoría cualificada del jurado.

Donde inicialmente había objeto de delito (los trajes) e imputados, no hubo acuerdo suficiente para condenar. El garantismo volvía a ponerlo difícil: hacían falta siete votos (de nueve) favorables a una figura ilegal definida por escrito a los miembros del jurado como haber recibido regalos “de forma continuada” y “en consideración a su función” pública (no por mera amistad, innegable a la luz de las conversaciones intervenidas).

El veredicto y la sentencia posterior -obligada a ratificarlo- acabaron eliminando hasta el objeto del supuesto delito. Establecen de forma taxativa que Camps y Costa pagaron sus prendas, lo que tampoco se ha demostrado durante el juicio. La división política ciudadana, la notoriedad de los protagonistas  (¿ejemplo de corruptelas o víctimas de un linchamiento?) y la complejidad del tipo penal del cohecho impropio pasivo para un jurado popular probablemente tuvieron que ver el desenlace del juicio. 

Este lunes el Tribunal de Arbitraje Deportivo de Lausana (Suiza) ha desposeído a Alberto Contador del Tour 2010 y del Giro 2011, que había ganado, y le ha impuesto una suspensión de dos años como castigo a un positivo por clembuterol. El fallo admite que la cantidad detectada es irrisoria de cara a mejorar el rendimiento del ciclista, y reconoce incluso que no se ha podido determinar su origen con exactitud.

La resolución califica como causas “menos probables” la transfusión de sangre y, en el lado opuesto, el consumo accidental de un chuletón contaminado que había alegado el deportista madrileño. Pero condena a Contador por considerar “más probable” la ingesta de suplementos alimenticios contaminados, una hipótesis que no se mencionó durante la vista, de la que no se establece la intencionalidad, y de la que se desconocen las circunstancias.

En este caso había una infracción evidente (el clembuterol que rebasa los límites permitidos) y un acusado sobradamente conocido. Pero lo más sorprendente es que la ausencia reconocida de pruebas no ha impedido la sanción. Desorientado y dolido en su nacionalismo, ese controvertido y volátil actor social que llamamos opinión pública se pregunta por qué a veces las pruebas son imprescindibles, otras indiferentes y en ocasiones hasta abiertamente innecesarias. Y qué pasaría si a Camps lo hubieran juzgado en el TAS de Lausana, y a Contador un jurado popular de la Comunidad Valenciana.