El 13 de enero la Audiencia Provincial de Sevilla condenó a 20 años de cárcel a Miguel Carcaño por el asesinato de Marta del Castillo. Además de exculparle del delito de violación, la sentencia absolvió a otros tres acusados de haber colaborado en la desaparición del cuerpo de la joven. Otro imputado más, conocido como El Cuco, menor de edad cuando se cometió el crimen, ya había sido condenado anteriormente a casi tres años de reclusión por encubrimiento.
La sentencia asumía un hecho sin duda indignante. Que después de numerosas mentiras y contradicciones de los acusados, después de inútiles y gravosas búsquedas, aún no se ha recobrado el cadáver de la víctima. Al mismo tiempo, y debido a lo anterior, certificaba la falta de indicios probatorios suficientes para sostener contra ellos el delito de encubrimiento.
La reacción instantánea en las redes sociales y la respuesta ciudadana en la calle contribuyeron a consolidar la sensación, exagerada, de que el asesinato de Marta del Castillo había quedado impune. En la construcción de ese escurridizo consenso social que llamamos opinión pública, había un delito evidente (la ocultación del cuerpo sin vida), una condena anterior (a El Cuco) por ese hecho, el convencimiento judicial de que había participado “un tercero desconocido” y unos imputados que no habían colaborado con la Justicia. ¿Estaba claro? No para los magistrados.