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Estoy a favor de pagar impuestos. Lo hago religiosamente, con fe y sin masoquismo: no
renuncio a las devoluciones, recurro si considero que hay errores. El de Patrimonio, por ejemplo, lo abonaría con gusto. Pero no me toca. Fue abolido por el gobierno de Zapatero en 2007, en la antesala de la crisis, cuando España prefería presentarse como un paraíso de la prosperidad.
El tributo estaba cedido a las Comunidades y aportaba en conjunto unos 2121 millones de euros. Tras su reinstauración, aprobada hoy en Consejo de Ministros, se ha restringido a los 160.000 contribuyentes más pudientes,
aquellos cuyo patrimonio supera, resumiendo, el mínimo exento de un millón de euros.
Más que el impuesto en sí, me llama la atención la justificación argumental de las políticas fiscales. Hace años, Zapatero quiso sumarse a la corriente conservadora favorable a devolver el dinero a los ciudadanos para estimular la actividad económica. Aseguró entonces que
bajar impuestos era “de izquierdas” , ignorando el auténtico estandarte de la izquierda: las necesidades y la financiación del Estado del Bienestar. Una conquista de las sociedades europeas, emblema también de nuestra democracia. Porque, por ejemplo, la enseñanza y la sanidad públicas salen de nuestros impuestos.
