-La derrota de ETA
La banda criminal anunció hace algo más de dos años su
renuncia definitiva a la violencia. Es cierto que desde entonces no mata,
secuestra ni chantajea, pero no ha entregado las armas ni se ha disuelto
formalmente. Mientras,
desde la cárcel, sus presos tratan de plantear la salida colectiva a la calle
incluso aceptando uno por uno lo que siempre repudiaron: los beneficios
penitenciarios aplicables a los delincuentes comunes.
Ni la autodeterminación del País Vasco ni la anexión
de Navarra. Aplastados policial y judicialmente por el Estado, agrietados en su
interior, los terroristas dejan las armas sin haber conseguido los objetivos
por los que empezaron a matar durante la dictadura de Franco. Se
rinden. Todo esto es cierto y sin duda positivo, pero se trata de una
interpretación incompleta. -Las trampas de la política
El mismo Estado que a partir de los años 90 ha ido
desarticulando a ETA se ha mostrado particularmente ineficaz a la hora de
mantener a sus integrantes en la cárcel. Mal está que los asesinos reincidentes
reclamen el derecho a decidir, pero ojalá hubieran optado mucho antes por los
comunicados y no por las bombas. Lo auténticamente grave es que lo exijan en
libertad, presentándose como actores políticos legítimos en una sociedad
democrática. La máxima expresión del desasosiego es la foto del Matadero, el retrato del fracaso
vital de los etarras y al mismo tiempo de las torpezas institucionales que han
hecho que en España matar salga tan barato.
Hace unos años Zapatero inició una negociación con ETA que posteriormente la banda le
forzó a interrumpir. Fue una opción legítima porque como presidente le
correspondía la dirección de la lucha antiterrorista. Fue una opción
pragmática, que intentaba evitar más muertes de inocentes. Fue una opción
que probablemente influyó para dirigir a toda la izquierda abertzale, también a los terroristas, fuera de la violencia. Pero
incurría en la grave injusticia ética de situar a los criminales como
interlocutores del Estado, en reconocerles su condición de asesinos con causa.
La iniciativa de Zapatero incorporaba, por añadidura,
otro grave contratiempo táctico. La dificultad de buscar una paz, se supone que
justa, cuando sólo es una parte la que se declara en guerra contra un Estado
democrático. Los asesinos se agarraron a ese reconocimiento, muy rentable
para ellos, y desde entonces intentan imponer un discurso que niega su fracaso.
Este contexto, junto a la creciente presencia de la
izquierda abertzale en las
instituciones, relativiza el final de la violencia y difumina la derrota de
ETA.
Podemos admitir que, en rigor, la desaparición del terrorismo y la libre
concurrencia a las urnas de separatistas “no contaminados” se plantean como
vías diferenciadas aunque coincidentes en el tiempo. Pero si aceptamos, como
hizo Zapatero, que se utilice la vía política para lograr la paz, resulta
pertinente analizar el resultado en términos políticos. En este contexto, el
escenario sin violencia es obviamente pacífico pero dista de ser justo.
-El drama
humano
Los etarras, presos o en la calle, hablan hoy en
comunicados o ante las cámaras de ‘conflicto’, de ‘liberación’, y de eso que
llaman ‘el daño causado’, presentando sus asesinatos como algo inevitable. Los
gobernantes, los anteriores y los presentes, invocan a menudo desde el atril
‘el respeto a la legalidad’ (que no es lo mismo que la Justicia), ‘el
cumplimiento de las penas’, ‘el Estado de Derecho’. Y sólo las víctimas
recuerdan sobre la acera algo tan descriptivo como doloroso: el tiro en la
nuca, los coches bomba, los cadáveres, el secuestro y la tortura, el chantaje
sistemático y, si acaso hubo posibilidad, el exilio.
El papel de las víctimas es probablemente el gran fracaso de este proceso. Su heterogeneidad –porque no se trata sólo de la AVT- cuestiona la eficacia de su interlocución pero no disminuye en absoluto su legitimidad para pronunciarse (si quieren) públicamente sobre la responsabilidad penal de la dramática experiencia que han sufrido en carne propia. Podrán compartirse o no las posiciones políticas de quienes han decidido expresarlas, pero es inexacto e injusto presentar su incómoda decepción como el obstáculo a la paz para una guerra ajena que les hizo rehenes.
El papel de las víctimas es probablemente el gran fracaso de este proceso. Su heterogeneidad –porque no se trata sólo de la AVT- cuestiona la eficacia de su interlocución pero no disminuye en absoluto su legitimidad para pronunciarse (si quieren) públicamente sobre la responsabilidad penal de la dramática experiencia que han sufrido en carne propia. Podrán compartirse o no las posiciones políticas de quienes han decidido expresarlas, pero es inexacto e injusto presentar su incómoda decepción como el obstáculo a la paz para una guerra ajena que les hizo rehenes.
¿Cómo reprocharles que sigan alzando la voz cuando nuestros gobiernos democráticos han negociado o al menos intentado negociar con los terroristas? ¿Cómo se les puede criticar por no perdonar e ignorar al mismo tiempo que los asesinos del Matadero ni siquiera han pedido perdón, aun reconociendo que no están obligados porque han cumplido sus condenas? Y, de cara al futuro inmediato, ¿qué va a pasar con el resto de los presos? ¿Y con los asesinatos no aclarados? ¿Quedarán impunes? De las respuestas a estas últimas preguntas dependerá en buena medida la valoración ciudadana sobre el final de terrorismo.
Al lado de tanta sangre y de tantas lágrimas puede
antojarse una minucia frívola apelar al ‘relato’. Y sin embargo ahora
mismo parece imprescindible. Todos conocemos y tenemos una opinión sobre las
iniciativas de Zapatero a propósito de ETA. Pero Rajoy, que concedió notable
relevancia al terrorismo cuando estaba en la oposición, ha optado en la Moncloa
por el perfil bajo, evitando que otros partidos puedan acusarle de haber
desaprovechado la oportunidad o, por
el contrario, que parte de sus votantes le reprochen, usando su propia
expresión, haber traicionado a los muertos.
Si bien el líder del PP ha recibido un proceso
encarrilado, ahora le corresponde el liderazgo. Podría, por ejemplo, retomar la
iniciativa impulsando que el Estado –y no sólo su partido- asuma y verbalice en
un acto institucional el testimonio de quienes han sufrido la dictadura del
miedo y del dolor. Más allá de las respuestas ministeriales de
carril, el Ejecutivo podría incluso disipar las dudas sobre su
posición política respecto al final de ETA en estas semanas de inquietante
desconcierto.
Las excarcelaciones tras el dictamen contra la
retroactividad de la “doctrina Parot”, la exhibición de los terroristas en
Durango, las críticas a las últimas detenciones, el respaldo
nacionalista a la manifestación de apoyo a los presos y los movimientos de la
banda criminal intentando marcar el ritmo y el camino han convertido en
inevitable la intervención pública del presidente. No para ir a remolque, sino
para establecer la primacía del Estado en este proceso. Porque
aunque los etarras hablen para sus seguidores, el eco de sus palabras se
escucha demasiado e inquieta a muchas víctimas. Porque mientras los
criminales conquistan espacios y respaldos en el debate político, la atonía
del Gobierno alienta la sensación de que ETA puede haber perdido su guerra y sin embargo está ganando
nuestra paz.
Nota del Autor: En una entrevista en Antena 3,
Rajoy ha manifestado el lunes 20 de enero que no va a cambiar la
política penitenciaria y que seguirá actuando contra ETA 'mientras ETA exista'.
Insiste en
mantener un perfil bajo como si, convencido de que el tiempo juega a su favor,
intentara que los propios etarras encarcelados presionaran a favor de
la disolución y el desarme. Y aunque sigue descartando de forma explícita una negociación, los terroristas intensifican los contactos políticos para presentarse como auténticos protagonistas de una paz a su medida.
No hay comentarios:
Publicar un comentario